Declararse insolvente es lo mismo que declararse en bancarrota o en quiebra. Esto sucede cuando el activo circulante es inferior al pasivo exigible. Por tanto, la insolvencia es aquella situación en la que se encuentra una persona o empresa cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas contraídas con un acreedor o proveedor. Eso sí, una persona no puede declararse insolvente para eludir el endeudamiento que haya contraído. Si quieres convertirte en controller jurídico, no dudes en formarte con programas de compliance.
Declararse insolvente y la Ley de Segunda Oportunidad
A nivel empresarial existen dos tipos de insolvencia: la provisional y la definitiva. La primera se da en los casos que la falta de pago se produce por el simple efecto de la liquidez temporal. Entonces, la empresa puede usar el patrimonio no líquido para hacer frente a la deuda y en un margen de tiempo amplio. Otra opción consiste en llegar a un acuerdo con los acreedores.
La insolvencia definitiva sucede cuando la empresa carece de activos propios suficientes para hacer frente a los pagos, ya sea a corto o largo plazo. En este caso se entra en concurso de acreedores.
Por otro lado, los autónomos o particulares que se declaran insolventes pueden ser amparados por la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley está vigente desde 2016 y sirve para que cualquiera pueda entrar en concurso de acreedores. Ahora bien, para declararse insolvente y entrar en concurso deben cumplirse ciertos requisitos:
- La deuda no puede superar los 5 millones de euros.
- No puede haber sentencia firme en contra del deudor durante el año anterior por algún delito relacionado con Hacienda, Seguridad Social, patrimonio o delitos de falsedad documental.
- La deuda no debe ser con la Administración Pública.
Declararse insolvente no significa que la obligación de pago de la deuda finalice. En primer lugar, una autoridad competente estudiará exhaustivamente sobre la situación patrimonial del insolvente. De esta manera, se asegurará que este no dispone de recursos económicos para pagar. Todo este proceso se conoce como procedimiento concursal.
La peor consecuencia es que la insolvencia queda registrada legalmente, por lo que puede crear problemas en el futuro del insolvente. Por ejemplo, tendrá mayor dificultad para pedir un crédito.
Qué debes tener en cuenta antes de declararte insolvente
Cuando una persona se declara en quiebra, primero tiene que intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores a través de un notario y un formulario gratuito. Una vez el notario compruebe los datos facilitados por el deudor, buscará la forma de mediar en un proceso extrajudicial.
Si el deudor no llega a un acuerdo con sus acreedores, deberá contratar un abogado para dirigir todo el proceso. El insolvente entrará en concurso de acreedores y deberá presentar un plan con el que saldar la deuda en un plazo de 5 años. A partir de esto, la sentencia del juez decidirá qué cantidad de dinero puede utilizar el deudor para afrontar los gastos básicos. Cuando se termina el plazo para pagar la deuda, el insolvente quedará libre en el caso de que haya destinado al menos la mitad del dinero para pagar la deuda.
La ayuda de un profesional para este tipo de casos es muy importante. En la legislación española existe un delito de insolvencia punible, por lo que antes de declararse insolvente es necesario estudiar bien la situación.
La Ley de Insolvencia Económica
Ser portador de una deuda y no tener la capacidad de pagarla puede conllevar consecuencias delicadas, como demandas o embargue de bienes. A partir de ello, en el año 2013 entró en vigor la Ley de Insolvencia Económica, una ley completa y donde quedan detallados los deberes y derechos de las personas en este tipo de situación.
La Ley de Insolvencia Económica tiene la finalidad de que las personas que tengan deudas tengan la oportunidad de compensarlas a través de un acuerdo con sus acreedores. De esta manera, el deudor se evita el embargo de su patrimonio. Con la aplicación de esta ley se quiere conseguir una negociación de la deuda a través de un nuevo contrato entre el acreedor y deudor. En dicho contrato se deberán establecer las condiciones de pago, las cuotas y plazos.
